Lo que la ley protege, la juventud reclama: la justicia ambiental en Honduras

En los últimos meses ocurrieron hechos muy importantes. Dos cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, emitieron opiniones que marcan obligaciones claras para los gobiernos y las empresas en la protección del medio ambiente. Estas instituciones nos dicen que la crisis climática es urgente y que debemos enfrentarla ya.

La Corte IDH reconoció que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, incluyendo un clima estable. Esto implica que los Estados deben tomar medidas para reducir la contaminación, adaptarse al cambio climático, cooperar con otros países y proteger especialmente a quienes son más vulnerables. Además, las empresas también tienen el deber de actuar con cuidado para no dañar el ambiente.

Por su parte, la CIJ afirmó que los países tienen la obligación legal de reducir los gases que calientan el planeta, proteger a las generaciones actuales y futuras, y responsabilizarse por las acciones de las empresas bajo su control.

Estas decisiones fortalecen las leyes internacionales y nos recuerdan que el cambio climático es una amenaza para los derechos humanos. Tanto los gobiernos como las empresas tienen responsabilidades claras para cuidar el planeta y garantizar un ambiente sano para todos.

En Honduras, donde ya se sienten los efectos del cambio climático y los más afectados son las comunidades más vulnerables, es urgente que nuestras autoridades adopten estos estándares internacionales en sus leyes, políticas y acciones. La justicia ambiental necesita reglas claras, compromiso político y la participación activa de la sociedad. La lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión ética o ambiental: es un mandato legal que debemos cumplir. Ignorar esto no solo es un error político, sino una violación que pone en riesgo el presente y futuro de toda una generación. Aunque la ley no mencione a todos, siempre los tiene en cuenta.

Desde el punto de vista ético, estos dictámenes nos muestran que cumplir con estas obligaciones es también un deber moral. Actuar para proteger el ambiente y exigir que se cumpla la ley es una forma de mostrar solidaridad y responsabilidad con los demás, especialmente con los más vulnerables y con quienes aún no han nacido. Defender el planeta es un acto de virtud social, porque implica vivir y actuar pensando en el bien común, no solo en el propio interés.

Además, como ha explicado el jurista Frederick Schauer, las leyes no solo son palabras en un papel, sino que reflejan ideas profundas que les dan sentido. En este caso, reconocer el derecho a un ambiente sano significa aceptar principios como la dignidad humana, la responsabilidad compartida y la justicia entre generaciones. Por eso, la juventud no solo reclama lo que la ley dice, sino lo que la ley supone: un compromiso con la vida y el futuro.

Estos dictámenes nos dan herramientas legales para que la juventud, cada vez más comprometida con la justicia ambiental, pueda exigir cambios reales. Al reconocer el derecho a un ambiente sano y sostenible como un derecho humano, las cortes internacionales ponen el cuidado del planeta en el centro de las obligaciones de los gobiernos y las empresas. Tenemos el deber de actuar no solo por quienes sufren hoy, sino también por quienes aún no están con nosotros: las generaciones futuras, cuyo derecho a vivir en un planeta saludable depende de lo que hagamos ahora.