Salud Mental: ¿derecho o privilegio?

Hablar de dignidad humana en Honduras implica reconocer una realidad incómoda: no todas las personas pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Las personas merecemos respeto y protección de nuestros derechos, vivir en libertad, justicia e igualdad. Pero, ¿de quién depende que se cumpla esta premisa? La respuesta a esta interrogante se plantea como un juego de constante tira y afloja que va entre el Estado y el pueblo, donde una de las partes se encoge de hombros y la otra cruza los brazos, mientras otros intervienen cuando el sistema deja de responder, es decir, los organismos internacionales. Las consecuencias de este juego se reflejan en las condiciones de vida de la población. En nuestro país, la dignidad humana puede parecer una utopía, pues, existe una manera particular de priorizar necesidades fundamentales para el desarrollo, lo cual profundiza las desigualdades que enfrenta la población.

Las condiciones de vida de una sociedad se ven regidas por un sistema de normas y valores sociales que albergan política, economía, salud, educación y seguridad como intereses de atención urgente. Hablar de dignidad humana implica hablar de salud, pues no puede existir una vida digna cuando el bienestar físico y mental deja de ser una prioridad colectiva. Desde mi perspectiva, la salud constituye la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. Cuando hablamos de salud, inmediatamente lo asociamos a bienestar físico: un cuerpo en forma, o con todas sus partes intactas, sin embargo, la salud va más allá de lo observable. La salud es más que un cuerpo sano, también es la manera en que pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás en nuestro entorno. 

Un sinnúmero de hogares hondureños no cuentan con un estilo de vida que garantice el bienestar integral, sino pensemos en el siguiente escenario: En este momento, por lo menos una persona por hogar está experimentando “gripe” o “el virus que anda dando”, y posiblemente está en negación de ir a consulta médica en los hospitales públicos o centros de salud por temor a regresar en peor estado o no encontrar un tratamiento adecuado, mientras que la otra parte con un poco más de comodidades, no asiste a revisión por los altos costos de los medicamentos y consultas en hospitales privados. Como sociedad no hemos construido una cultura de cuidado de la salud y esto se debe a unas cuantas fallas históricas en la dinámica social entre el Estado y el pueblo. La primera  no facilita los recursos ni desarrolla políticas públicas para garantizar el cumplimiento de las normativas apenas existentes; mientras que la segunda, aún reconociendo la realidad social actual e histórica del país, continúa perpetuando violencia a través de la omisión.

Resulta imposible que al hablar de salud no mencionemos la salud mental, que al ser intangible, suele tratarse como aquello que no existe porque no se ve. El refrán “Ojos que no ven, corazón que no siente.”  refleja esta lógica. Sin embargo, la salud mental implica ir más allá del cuerpo: significa reconocer las emociones, conductas, relaciones y pensamientos que nos constituyen y nos permiten afrontar las diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria. 

¿Qué pasa cuando la salud mental no es una prioridad en un país vulnerable como el nuestro? Las diferentes situaciones sociales y estructurales como la desigualdad de género, pobreza, escasez de oportunidades de trabajo digno y violencia son recibidas en sistemas nerviosos con pocas o nulas herramientas de afrontamiento que producen una serie de reacciones que pueden traducirse en factores de riesgo para el padecimiento de trastornos mentales, entre ellos trastornos del estado del ánimo, abuso de sustancias, entre otros, y así desencadenar comportamientos violentos que perpetúan la violencia, generando un nuevo juego en que todos los involucrados llevan las de perder. 

Entonces, la responsabilidad recae en los protagonistas anteriormente mencionados (Estado y pueblo). Honduras es el segundo país de Centroamérica con menores políticas públicas específicas sobre salud mental, sumando un total de dos ejemplares que no se encuentran accesibles en sitios particulares, uno “publicado” en el 2008 y otro en el 2021 (Jandres et al., 2025). Según la OMS, se estipula que existe un profesional de la salud mental por cada 160 000 habitantes, es decir, que a pesar de que en educación superior la facultad de psicología forma un número considerable de egresados, la cantidad de especialistas es insuficiente para responder a las necesidades existentes.

Frente a esta realidad, los organismos internacionales han tenido un alto protagonismo con iniciativas de apoyo comunitario para el fortalecimiento de la salud mental y otros asuntos que atienden a población vulnerable en nuestro país, accionando desde sus posibilidades, limitados por normas y leyes que velan por el interés de ciertas partes involucradas. No podemos basar la dignidad humana en los organismos internacionales, su acompañamiento es valioso, pero no sustituye la responsabilidad del Estado y el compromiso ciudadano por trabajar constantemente para fortalecer la institucionalidad de la salud mental. Por lo tanto, resulta indispensable comenzar a actuar de forma consciente, educando a la población en estrategias de autocuidado, fomentando el bienestar integral y el conocimiento acerca de la prevención y acompañamiento adecuado facilitado por profesionales.  

Mientras la salud mental siga tratándose como un privilegio y no como un derecho, la dignidad humana continuará siendo una promesa más en la lista de compromisos pendientes para Honduras.